El poder infame, explicaba el filósofo Michael Foucault, es aquel que mediante el uso de la burocracia y sus engranajes, se dedica a la represión de los diferentes, a la persecución de las oposiciones y a la negación de la diferencia. El poder infame genera soberanías infames, porque los poderosos asumen que su autoridad proviene no de la legitimidad democrática, sino del uso arbitrario de la autoridad y de los instrumentos del poder y el gobierno.
En días recientes vivimos dos episodios que, de no constituir excesos inaceptables en una democracia, podrían parecer actos de humor involuntario. El primero de ellos, la declaración del gobernador de Jalisco, el señor Emilio González Márquez sostuvo que son los homosexuales quienes propagan en mayor medida el VIH-SIDA y que por lo tanto sólo a esa población se le repartirían condones. A los jóvenes, en el decir del gobernador, sólo faltaría que también les paguen “el six de cervezas y el hotel”.
Amén de que el señor gobernador no lee o no es informado sobre la epidemiología del VIH en Jalisco, la que muestra que es la población heterosexual la que presenta mayor incidencia de esta enfermedad, su declaración es una muestra de homofobia, machismo y vulgaridad lingüística que no puede ser aceptada para ningún gobernante de ningún nivel, más aún en una democracia y en un país en el que se aspira a la equidad y al respeto de la diversidad y el derecho a la diferencia.
El otro caso, igualmente reprobable, lo protagonizó el gobernador de Guanajuato, el señor Juan Manuel Oliva, quien en una actitud completamente soberbia, acudió a misa a servir como ayudante de culto en la celebración de la eucaristía católica. No es
la primera vez que en Guanajuato ocurre esto; Carlos Medina Plascencia encabezó una peregrinación a la Montaña del Cristo Rey y Vicente Fox llegó al exceso de arrodillarse
y besar el anillo papal.
No es la primera vez tampoco que el gobierno del estado de Guanajuato da muestras de cerrazón, ignorancia y una consecuente intolerancia; apenas en el mes de mayo, el propio secretario general de gobierno de aquella entidad, Gerardo Muñoz Mosqueda, declaró esquizofrénicos a los directores de los principales diarios de Guanajuato.
El llamado a aprender de la historia es recurrente y lamentablemente son pocos quienes están dispuestos a hacerlo. Los excesos verbales son la antesala de la toma de decisiones arbitrarias y contrarias a la protección de los derechos humanos, de la tolerancia y de la protección de la diferencia y el pensamiento distinto.
Ni el gobernador de Jalisco ni el de Guanajuato cometieron simples “errores”; su actitud es deliberada y está sustentada en una noción del poder que niega de facto el pleno cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y los derechos constitucionales a la libertad de creencia, así como el principio fundamental de la separación del poder laico de cualquier religión o culto.
Jalisco hoy ocupa el primer lugar nacional en transmisión del papiloma humano, y los nada honrosos primeros lugares nacionales en transmisión de enfermedades como el chancro blando, el herpes genital y la gonorrea. Y son actitudes similares a la del gobernador González Márquez, las que seguramente han impedido la construcción de una política que responda al cumplimiento de los derechos de los niños y los adolescentes en la entidad, tal como lo manda la Convención de los Derechos del Niño y que es de cumplimiento obligatorio para nuestro país. El caso
de este gobernador no llega siquiera a ser simpático y su actitud de déspota local puede conducir a la muerte a muchos jóvenes, ojalá él y la sociedad de Jalisco estén conscientes de la gravedad del asunto.
En el caso de Guanajuato, la cuestión es además de preocupante, patética. El gobernador Oliva, situado en el siglo XIX, no ha comprendido la importancia que tiene para la democracia y el desarrollo la separación entre las Iglesias y el Estado. El poder civil fue instituido para garantizar que todas las creencias, todas las formas de pensamiento y todas las formas de religiosidad pudieran coexistir y tener la plena garantía de ser respetadas en la pluralidad y la diversidad.
Lo más preocupante es que un gobernador de uno de los estados clave para el desarrollo del país, no se percate de la dimensión que tiene la renuncia a la vocación pública del poder civil y del gobierno. Hace unas semanas el gobierno del estado dio inicio a las actividades de un nuevo consejo de planeación, al que le da facultades de planeación de la obra pública estatal, pero que está integrado básicamente por empresarios, renunciando con ello a la vocación y responsabilidad pública de buscar el cumplimiento de los intereses de las mayorías, y no la imposición de unos cuantos sobre toda la población.
Poco o nada ayudan los gobernadores del PAN al Presidente de la República asumiendo este tipo de actitudes. En el contexto de negociación de la reforma fiscal y de reforma del Estado en el que se requiere de todo un proceso de negociación, de acuerdo y de acercamiento de las diferencias, ¿quién puede tomar en serio a estos personajes? ¿En qué abonan a un clima de entendimiento o cómo aportarán al diálogo, siendo entidades clave en la generación económica del país, cuando están atrapados en una visión aldeana de la política y el poder absurdo?
Las mentalidades infames tienden a la mezquindad; a la búsqueda del interés particular y al ejercicio faccioso del gobierno. No es la primera vez que el Partido Acción Nacional, desde el ejercicio del gobierno, nos da muestras de su mentalidad cerrada y de sus ataques a la diversidad, a los derechos humanos y al laicismo del Estado.
En un espléndido artículo publicado hace unas semanas, el general Raúl Fuentes Aguilar explicaba la importancia de defender al laicismo frente a las actitudes clericales de los gobernantes. El laicismo, nos explica, es fundamental en la modernidad, porque permite la expresión plural de las ideas y las creencias en un ambiente de respeto; el clericalismo, por el contrario, atenta contra las libertades y desarrolla un conjunto de estrategias para privilegiar una sola creencia o religiosidad, en detrimento de la práctica de las demás.
En México hay 1.5 millones de desempleados; de Guanajuato y Jalisco se van cada año cerca de 60 mil jóvenes desempleados en busca de una mejor calidad de vida; y frente a ello, los gobernantes no tienen mejores respuestas que la homofobia, la falta de respeto a la diversidad, y como último recurso, una misa para buscar la ayuda divina en las soluciones que tienen responsabilidades terrenales.
Guanajuato ocupa el último lugar nacional en disponibilidad de bibliotecas públicas, y Jalisco el primero en violencia contra las mujeres. La ignorancia y el machismo van casi siempre de la mano, y en el caso de los dos lamentables anti-ejemplos de lo que debe ser un político, se manifiestan de manera grave para nuestro país.
Cuando los fascistas en España e Italia comenzaron a hacer públicas sus creencias y preferencias ideológicas, pocos los tomaron en serio; lo mismo ocurrió en Latinoamérica con las dictaduras de la derecha, y lo mismo con los nazis en Alemania. No aprendimos la lección y la derecha generó horripilantes crímenes en la antigua Yugoslavia, y lo que ocurrió en Ruanda no es otra cosa sino la manifestación de la intolerancia, el odio y la violencia, cobijados por el manto de la ignorancia y la religiosidad de distintas layas.
Las conciencias infames, por su virulencia y aparente carácter inofensivo son casi siempre subestimadas, en muchas ocasiones con consecuencias catastróficas para sociedades enteras y para la propia humanidad. Hitler sostuvo alguna ocasión: “Las revoluciones profundas, de largo curso y huella duradera, no la hacen escritores, sino oradores”.
No dejemos que en nuestro país, mentalidades infames, con vocación y aspiraciones de oradores, puedan perpetuarse en el poder y tengan la oportunidad de atentar contra los principales bienes que cualquier ser humano puede tener: la libertad de pensar y la libertad de creer. Es tiempo de rechazar a los autoritarios, y es tiempo de decir “No” a todas las conciencias infames.
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Por: Saúl Arellano |
Opinión La cronica