El juez se declara competente para juzgar supuestas torturas y asesinatos de saharauis en los años setenta

El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha ordenado este mediodía la apertura de diligencias previas por los delitos de genocidio y torturas contra ciudadanos saharauis cometidos presuntamente por altos cargos de la seguridad marroquí en los setenta y ochenta. Garzón admite así a trámite la querella interpuesta en septiembre de 2006 por asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y de desaparecidos saharauis.

Estas organizaciones han contabilizado por el momento un total de 542 desaparecidos y culpan a 31 altos cargos de la seguridad marroquí (algunos de ellos ya fallecidos), de detención ilegal, torturas y asesinatos.

Entre la treintena de denunciados se encuentra el ex ministro de Interior marroquí Dris Bsri y el ex jefe de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del rey de Marruecos Yassine Mansouri. También figuran otros responsables policiales y militares, entre otros el general mayor de las Fuerzas Armadas Reales, Husni Ben Sliman.

"Dominación extranjera"

Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, "España se marchó de su provincia número 53, ocasionando la violenta invasión del Sahara Occidental por parte del reino de Marruecos", señala el escrito de los querellantes, según informaba Europa Press.

Éstos añaden que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui duró 16 años, tiempo en el que sus integrantes han sido sometidos a la "dominación de una potencia extranjera" que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".

En su querella relatan que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con Napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación.

Diligencias previas

Garzón acepta la competencia de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados e incoa diligencias previas. En primer lugar, llama a declarar a los querellantes para los días 11 y 12 de diciembre. Además, el juez pide a Marruecos (en comisión rogatoria) que le informe de si los hechos están siendo investigados por la justicia marroquí o si existe procedimiento penal contra los querellados y si se conoce la identidad de las víctimas y el lugar en el que están enterradas.